Reconocer  el agua como un bien de uso público en la Constitución Política de la República y reformar el Código de Aguas, fueron los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo durante su Cuenta Pública.  Con ambas modificaciones, el Gobierno busca garantizar el agua para consumo humano y  darle un uso prioritario para la pequeña agricultura.
El Gobernador de Limarí, Cristian Herrera manifestó que espera que prontamente la Presidenta Bachelet despache las iniciativas para que sean discutidas y aprobadas en el Congreso. Al mismo tiempo, la máxima autoridad provincial dijo que la Reforma al Código de Agua es sustancial para mitigar los graves efectos que está produciendo  la sequía en el Limarí
“Nosotros como Gobierno sabemos de las dificultades que tenemos como país con el tema del agua. La sequía nos tiene en las cuerdas, sobre todo en nuestra provincia. Actualmente tenemos una serie de problemas por ejemplo con derechos de agua sobreotorgados, conflictos entre campesinos y grandes agricultores y una serie de problemáticas. El reconocimiento del agua como bien de uso público y los cambios al código que impera desde 1981, serán modificaciones vitales para mejorar esta situación y mejorar las medidas gubernamentales en el contexto de la escasez hídrica”, explicó Herrera.
El Gobernador de Limarí dice que el reconocimiento por parte de la Constitución del agua como un bien de eso público otorgará al Estado atribuciones relevantes en la materia, “como dijo nuestro Delegado Presidencial Para los Recursos Hídricos (Reinaldo Ruiz) hoy  tenemos muy pocos instrumentos como Estado para intervenir. El reconocimiento a nivel constitucional  que le estamos dando al agua,  otorgaría a la autoridad la facultad de decretar las causales de adquisición, pérdida, extinción y caducidad de los derechos de agua. No es que se vaya expropiar ni nada por el estilo, pero los litros de aguas son derechos concedidos por el Estado y el Estado tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan. Y eso hoy no se puede”
Otros aspecto importante que menciona Herrera, es el fortalecimiento fiscalizador que tendría la Dirección General de Aguas (DGA) que actualmente cuenta con un mínimo de funcionaros a nivel regional para abarcar las tres provincias, “las denuncias por robo o uso ilegal de aguas es bastante. Pero en la región hay un escaso número de fiscalizadores. Tenemos un problema estructural del Estado en materia fiscalizadora relacionadas al agua, por eso el nuevo proyecto fortalecerá la tarea fiscalizadora de la DGA, entregándole mayores atribuciones”.
Se espera que las indicaciones a la reforma del Código de Aguas y Constitución ingresen durante este año al Congreso.