El próximo viernes 31 de julio en dependencias de la Gobernación de Limarí en Ovalle, abrirá una oficina de la Superintendencia de Educación que contará con dos abogados que serán los encargados de recibir denuncias, consultas y reclamos por parte de las comunidades educativas de los distintos establecimientos educacionales de la provincia limarina.

La iniciativa fue dada conocer durante una reunión entre el Director Regional de la Superintendencia de Educación, Francisco Brizuela y Gobernador de Limarí, Cristian Herrera. La máxima autoridad provincial destacó la iniciativa, “estamos de a poco descentralizando servicios públicos que por años se mantuvieron en las capitales regionales. Ahora esto será distinto, si bien no será una oficina que estará abierta a diario, pero por lo menos tendrá una periodicidad que permitirá a los alumnos, padres, apoderados o bien a los docentes generar sus consultas, reclamos y denuncias. Como Gobierno estamos conscientes que necesitamos mejorar la calidad de la educación y este ente fiscalizador sin duda será una herramienta muy importante para nuestra provincia”, comentó el Gobernador.

Por su parte, Francisco Brizuela explicó el objetivo de la oficina de atención que se abrirá en Ovalle, “nuestra intención no sólo es difundir la labor de la superintendencia de Educación sino que recibir a los padres, apoderados, docentes y asistentes de la educación para ver  si ellos tienen reclamos, consultas  o alguna denuncia que hacer para así nosotros acogerla y tramitarla en los marcos que  nos rige la Ley”

Respecto a que si será constante o diaria la atención de la oficina, Brizuela dijo que no, que se irá evaluando  respecto a la demanda, “Por ser la primera vez vamos a evaluar la  periodicidad dependiendo de la frecuencia de las denuncia.  En la medida que surjan más necesidades  de las comunidades  educativas y una mayor demandas estaremos evaluando  esa alternativa y adoptaremos las medidas que nos entreguen mayo frecuencia en la provincia”

Según indicó Brizuela las mayores denuncias que llegan a la Superintendencia de Educación son sobre  maltrato escolar que se llevan cerca del 50 por ciento de  todas las denuncias, seguidas por incumplimiento de obligaciones laborales  y también cancelaciones de matrículas.